El Banco Mundial contra la Bioseguridad

Año V - nº 121

jueves, 27 de julio de 2006

Estimados amigos y amigas del MST,

Enviamos a continuación un texto de una investigadora mexicana Silvia Ribeiro, del grupo ETC, que estudia el impacto de la introducción de las semillas transgénicas en las culturas campesinas y el dominio del mercado mundial de semillas:

El Banco Mundial contra la Bioseguridad

Por Silvia Ribeiro

La función fundamental del Banco Mundial no es actuar como institución financiera, sino definir políticas para los países, adaptando el camino para que las corporaciones privadas puedan actuar con garantías legales en las naciones. Esto está hecho con una mezcla de préstamos teóricamente “blandos” (con todo tipo de condiciones y que, para ser devueltos, cuestan sangre a los países receptores), un porcentaje de préstamos comunes, y otros a fondo perdido.

Estos últimos aparecen como donaciones y son, en realidad, los más caros, porque son los que preparan el terreno para el avance de las transnacionales en áreas donde, de otra forma, no podrían entrar. Un ejemplo típico de esta forma de actuar son los proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, en la sigla en inglés). El Fondo es administrado por el Banco, junto a programas de medio ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas (Pnuma y Pnud).

Dentro del sector de biodiversidad del GEF están, por ejemplo, el Corredor Biológico de América Central y otras formas de legitimación del uso industrial de la biodiversidad como la justificativa para la biopiratería y la expulsión, a título de “preservación”, de trabajadores rurales e indígenas de sus territorios ancestrales, así como la alienación de los sistemas de manejo forestal comunitario introduciéndoles en el “mercado de servicios ambientales”.

El GEF recibió una serie de críticas en esta área en los últimas años, como en el caso de los proyectos Pnuma-GEF sobre bioseguridad, que han sido fuertemente cuestionados por organizaciones de la sociedad civil en prácticamente todos los países donde actuaron en América Latina, África y Asia. El denominador común ha sido que estos proyectos, bajo el mote de proyectos de capacitación y diálogo “multisectorial”, en verdad, asentaron bases para normas de bioseguridad que favorecen los intereses globales de pocas empresas transnacionales de transgénicos. En una nueva iniciativa del GEF, está siendo evaluada ahora la aprobación de dos proyectos multimillonarios en África y América Latina, cuyos principales objetivos son legitimar la introducción de cultivos transgénicos en sus centros de origen y/o de cultivos importantes para las economías campesinas de países muy diferentes.

En el caso de América Latina, se trata de “capacitar” los gobiernos de México, Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica para conducir, por un lado, la contaminación transgénica resultante de la introducción del maíz, patata, mandioca, arroz y algodón genéticamente modificados y, por otro, guiar la opinión pública crítica con los transgénicos, a través de análisis de coste-beneficio y de patrocinar lo que llaman de bases científicas “adecuadas” para tratar con la contaminación. En ninguna parte del proyecto consideran que la mejor bioseguridad para prevenir la contaminación es no permitir los cultivos transgénicos, tal y como millones de campesinos, indígenas, ambientalistas, consumidores y científicos responsables reclaman. Por el contrario, el presupuesto básico es que los transgénicos ya fueron o serán introducidos inevitablemente. Con el brutal agravante que en este caso estamos hablando de que cuatro de los cultivos mencionados tienen un centro de origen en los países mencionados. El arroz, aunque originario de Asia, también ha sido adaptado por los campesinos de la región, para quienes, junto con otros cultivos en cuestión, constituyen la base de sus economías, culturas y formas de vida.

El proyecto estaría coordinado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (uno de los 18 centros internacionales públicos del sistema CGIAR, que según su misión debería dedicarse a apoyar la agricultura campesina, en lugar de sabotearla), con instituciones gubernamentales, universidades e institutos privados de los países. Entre los asesores figuran instituciones de cobertura de las empresas transnacionales, principales beneficiarias reales del proyecto.

En el caso de México, las contrapartidas son de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, Sagarpa y Cibiogem. Maria Francisaca Acevedo y Amanda Gálvez son responsables de estos contactos. El proyecto fue enviado para la revisión de el “especialista” Ariel Alvarez Morales, de la Cinvestav. En los comentarios que él dirige al GEF, dice: “No estoy deacuerdo que los cultivos modificados por la biotecnología moderna sean más importantes a medio plazo. ¡Son importantes en el presente! Los desafíos a corto y medio plazo son las plantas transgénicas para producir medicamentos, peces y animales transgénicos. Por esto veo la necesidad de incluir estas áreas en el programa propuesto”.

O sea, no basta que México ya sea terreno para el experimento de las transnacionales con la contaminación de maíz nativo, sino que debería ser también pionera de otras formas devastadoras de contaminación.

El proyecto presentado al GEF no incluye, hasta ahora, las sugerencias de Alvarez. Pero sin duda deja claras sus intenciones reales : dar tiempo a las empresas para que el discurso esté preparado para justificar la nueva generación de transgénicos..

La sociedad civil está alerta y ya empezó una amplia campaña en ambos continentes para detener estos proyectos, con un primer informe de la denuncia elaborado por el Centro Africano de Bioseguridad, Grain, Grupo ETC y la Red por una América Libre de Transgénicos. A través de estas iniciativas, es posible conseguir más informaciones y organizarse.

* Visite la página del MST (www.mst.org.br) para obtener más informaciones sobre organismos genéticamente modificados y entidades y redes contra los transgénicos.

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